La violencia machista sigue en aumento en Centroamérica. Durante todo 2024 y lo que va de 2025, los femicidios —la expresión más brutal de la violencia basada en género— se mantienen como una crisis regional, pese a los avances legislativos que han tipificado este delito en los países del istmo. Solo el año pasado, se registraron 1034 asesinatos en la región, un promedio de tres mujeres cada día.
Una revisión de datos recopilados por medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos regionales revela que, aunque todos los países centroamericanos aprobaron leyes que reconocen el femicidio como delito, existen profundas diferencias en cómo se investiga, se sanciona y se previene. Además, los sistemas judiciales, policiales y de salud muestran una falta de coordinación, escasa capacidad de respuesta y ausencia de datos oficiales confiables.
Guatemala reportó 576 muertes violentas de mujeres en 2024, según reportes de un medio de comunicación centroamericano, ubicándolo como el país con la cifra más alta de la región. Mientras tanto, un informe reciente del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) de este país, presentado en febrero de 2025 por la especialista Andrea Monterroso, reveló que desde que se tipificó el delito de femicidio en 2008 hasta el año 2024, se registraron 2816 asesinatos de mujeres, pero, solo se emitieron 1247 condenas.
Esto significa que solo el 44.3% de los casos terminaron en condena, mientras el 55.7% siguen impunes. En marzo de 2025, durante el Día Internacional de la Mujer, Ana Aguilar, funcionaria de la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), declaró en una entrevista con TV Azteca Guate, que en 2024 apenas se alcanzaron 77 condenas por este delito.
Femicidios sin freno en la región
La violencia machista en Centroamérica dejó un saldo mortal de 1034 víctimas en 2024. Divergentes/Foto tomada de Efeminista.com
“Esto refleja un problema de inoperatividad del sistema judicial y una impunidad estructural frente a la violencia contra las mujeres, que no es un fenómeno nuevo”, dijo la experta guatemalteca. Además, alertó sobre el incremento de violencia sexual y embarazos forzados, con 1953 niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años embarazadas en 2024, la mayoría como resultado del abuso sexual.
En Honduras, el segundo país centroamericano más afectado por la violencia de género, se registraron 231 femicidios en 2024, de acuerdo con datos de la Policía Nacional recopilados por el diario Criterio de Honduras.
Solo en el primer semestre de 2025 ya se contabilizan 164 casos, lo que indica que este flagelo continúa sin freno. Según organizaciones feministas hondureñas, la impunidad supera el 90%, reflejo de una institucionalidad debilitada para proteger a las mujeres.
En febrero de 2013, Honduras incorporó el femicidio en el artículo 118‑A de su Código Penal, estableciendo penas de 30 a 40 años de prisión para quienes asesinen a una mujer por su condición de género. Sin embargo, en 2018 una reforma redujo estas sanciones a 20 a 30 años, una medida duramente criticada por grupos feministas y defensores de los derechos humanos, quienes la consideran un retroceso que debilita el compromiso estatal frente a la violencia de género.
Nicaragua, el país oculta a los agresores de mujeres
En Nicaragua, el panorama es aún más preocupante. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no publica cifras oficiales sobre femicidios, siendo el único en Centroamérica que no lo hace, por lo que los conteos confiables provienen de organizaciones independientes.
De acuerdo con datos de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), en 2024 se contabilizaron 91 femicidios, 23 de ellos ocurrieron en el exterior, reflejando cómo la violencia persigue a las mujeres nicaragüenses incluso más allá de sus fronteras, ubicando al país en el tercer lugar con mayor incidencia en Centroamérica.
Hasta el 15 de julio de 2025, 28 mujeres fueron asesinadas, según un recuento realizado por el medio de comunicación La Lupa. Ante la evidente ola de violencia machista, la experta nicaragüense en salud pública, Ana Quirós, advierte que la política estatal no solo ha sido insuficiente, sino que ha contribuido a agravar la crisis.
Quirós recordó el caso de un agresor denunciado por violencia doméstica que fue liberado sin pasar por una evaluación psicológica, sin seguimiento judicial y sin que su expareja fuera notificada, lo que demuestra —según ella— la negligencia institucional que pone en riesgo la vida de las mujeres.
“La desgracia vivida por la familia de este hombre —homicida—, con el asesinato, en primer lugar, de la mujer, luego de su hija de 13 años, y finalmente su suicidio (en junio de 2025), nos demuestra que en Nicaragua la vida de las mujeres y la violencia en su contra son temas olvidados por parte del régimen”, afirma.
La experta comentó que, aunque con limitaciones, Nicaragua tuvo un Plan Nacional de Atención Integral a la Violencia de Género que fue un modelo regional antes de la llegada de Daniel Ortega al poder en 2007. Este órgano estatal integraba a instituciones como la Policía, los ministerios de Salud, Educación, Mujer y Familia, junto con organizaciones de la sociedad civil. Pero, esa estructura fue desmantelada por el propio régimen.
“Una de las primeras acciones fue desbaratar la Comisión Interinstitucional de Prevención de la Violencia de Género y desconvocar a todas las instituciones”, denunció Quirós.
Violencia institucional se suma a la de género
Los asesinatos de mujeres en Nicaragua dejaron a 107 menores de edad en la orfandad en 2024, según la organización CDD. Divergentes/Archivo
También señaló que, aunque la Ley 779 o Ley integral contra la violencia hacia las mujeres –aprobada en 2012– pretendía reforzar el modelo de atención integral, el régimen sandinista promovió reformas en 2014 que limitaron el alcance de esta normativa al permitir la mediación entre la víctima y el agresor. En su análisis, advierte que existe una violencia institucional que es parte del problema de violencia en contra las mujeres.
“En Nicaragua, la respuesta contra quienes piensan diferente es la violencia, el encarcelamiento, el exilio. Eso manda un mensaje a la sociedad: que ante cualquier desacuerdo, la reacción legítima es la violencia”, sostuvo y también añadió que, en ese contexto, los agresores “se sienten autorizados, incluso aplaudidos”, por responder con brutalidad.
En su narrativa oficial, la dictadura asegura que está “restableciendo los derechos de las mujeres a vivir sin violencia”. Como parte de esa retórica, ha promovido la reapertura masiva de Comisarías de la Mujer en todo el país. Según reportes del medio de propaganda sandinista La Nueva Radio YA, hasta mayo de 2025 se contabilizaban 407 comisarías operativas, tras las últimas inauguraciones en Ciudad Sandino y Pueblo Nuevo, en Jinotega.
En contraste, Quirós comentó que las Comisarías de la Mujer, debilitadas durante años, fueron reactivadas formalmente, pero “no tienen ni el alcance, ni la capacidad, ni la visión política necesaria para actuar de forma preventiva”.
Alarma en Costa Rica por aumento de femicidios
Durante 2024, Costa Rica cerró con 74 asesinatos de mujeres, según revelan estadísticas oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en un reporte publicado por el medio CR Hoy.
El análisis del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa Rica señala que entre 2017 y 2024 fueron asesinadas 483 mujeres, reflejando un promedio anual cercano a 60 femicidios, por lo que la cifra de 2024 demuestra un alarmante incremento que alerta sobre una crisis sostenida de violencia hacia las mujeres.
Desde 2007, Costa Rica cuenta con la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, que estableció el delito de femicidio y otras modalidades de violencia de género en distintos formatos.
La reforma de junio de 2021 amplió el alcance al introducir el “femicidio ampliado”, aplicable a casos fuera de vínculos sentimentales, incluyendo relaciones por confianza, parentesco o autoridad, y elevó las penas máximas hasta los 50 años de prisión.
A pesar de contar con un marco normativo avanzado, defensoras y expertas, como las del CIEM, advierten que la implementación de la ley sigue siendo débil. La falta de recursos, capacitación técnica y seguimiento institucional impide que muchas víctimas accedan a justicia efectiva.
Avances y retrocesos en El Salvador
La violencia de género persiste como una epidemia en la región, pese a los avances legales que han tipificado el femicidio en todos los países. Divergentes/Archivo.
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) documentó 39 femicidios en El Salvador, con base en su monitoreo de medios de comunicación. Del total de casos registrados, 18 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, mientras que 21 fueron víctimas de otros agresores, lo que representa un 46% y 54%, respectivamente.
Con la entrada en vigor de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en 2012, El Salvador dio un paso decisivo hacia el reconocimiento legal de la violencia feminicida. Esta normativa tipificó por primera vez el delito de femicidio y otras formas de violencia de género, además de establecer penas de entre 20 y 50 años de prisión para quienes cometan estos crímenes.
La ley también busca garantizar mecanismos de prevención, atención y acceso a la justicia para las víctimas, aunque su aplicación efectiva sigue siendo motivo de preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos.
Esta Ley estipula en su artículo 45 que, para lograr una condena por este delito, se compruebe que el asesinato fue cometido con “motivos de odio o menosprecio por la condición de mujer”, o que la víctima fue atacada por razones de género.
Este marco legal, aunque ambicioso en sus sanciones, también impone altas cargas probatorias que, según organizaciones feministas salvadoreñas, dificultan el acceso a la justicia para muchas víctimas.
Violencia machista incrementa en Panamá
Según el Observatorio de Femicidios de Panamá, con datos del Ministerio Público, el país cerró el 2024 con 23 femicidios. Esta cifra representa un aumento del 60% con respecto a 2023, cuando se registraron 15 casos similares.
Según reportes de medios locales, aunque se han promovido campañas educativas y endurecido penas, el número de asesinatos de mujeres no merma, y los colectivos denuncian lentitud en las investigaciones.
La tipificación del femicidio figura en el Código Penal panameño, tras la promulgación de la Ley 82 en 2013, que introdujo este delito y las circunstancias agravantes bajo las cuales se castiga.
Maribel Pizarro, reconocida líder del movimiento feminista en Panamá, expresó en una entrevista con EFE el 9 de marzo de 2025, con motivo del Día Internacional de la Mujer, su preocupación por la inacción de las autoridades frente al creciente problema de la violencia sexual y de género en el país.
Destacó que a pesar de los avances legales, persisten deficiencias en la implementación de las leyes, la falta de reglamentación, presupuesto y personal capacitado, lo que impide una respuesta estatal efectiva a las necesidades de las mujeres.
Fuente original: https://www.divergentes.com/femicidios-cobran-la-vida-de-tres-mujeres-por-dia-en-centroamerica/